En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

La cancillería canadiense recordó este jueves que en 2018, junto con varios países, denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) los numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y que constituyen crímenes de lesa humanidad.

La misiva (firmada también por los Gobiernos de Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por Mauricio Macri) iba acompañada de dos informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentaban procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales en Venezuela.

“Esta acción apoyó la decisión ya tomada por la Fiscal de la CPI de realizar una investigación preliminar sobre la situación en Venezuela por iniciativa propia”, dijeron las autoridades diplomáticas canadienses en un comunicado.

Y agregaron: “La Corte Penal Internacional cuenta con todo nuestro apoyo y confianza. Canadá continuará trabajando con todos los socios para apoyar el trabajo de la CPI en esta investigación. Hacemos un llamado a Venezuela para que coopere con la Corte. Los autores de crímenes internacionales deben enfrentar la justicia”.

Esta declaración por parte de la diplomacia canadiense sucedió un día después de que Argentina se retiró de la demanda de 2018 ante la CPI contra el la dictadura chavista, lo que generó polémica este jueves ente el Gobierno de Alberto Fernández y la oposición.

En la imagen, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. EFE/Eva Plevier/Pool/Archivo

En la imagen, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. EFE/Eva Plevier/Pool/Archivo

Si bien la decisión del Ejecutivo argentino de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima -que desconoce a Nicolás Maduro y busca salidas para la crisis que vive Venezuela-, el hecho trascendió ahora.

”El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima, y como consecuencia de eso el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él”, explicaron a Efe fuentes de la Cancillería.

Al conocerse esta noticia, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, retirará la demanda.

¿El Gobierno del Presidente Alberto Fernández considera que hay justicia en Venezuela, que las víctimas están protegidas y está garantizado que no vuelvan a ocurrir atrocidades?”, escribió Guaidó a través de su cuenta Twitter.

Por otra parte, la ONG Provea denunció este jueves una “campaña de ataques” del régimen venezolano contra la CPI, a pocas semanas de que el alto tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país, actualmente en examen preliminar.

La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?”, dijo la ONG en un comunicado.

Provea señala, entre los promotores de la “campaña”, al fiscal general, Tarek William Saab, quien afirmó a principios de mayo que la CPI “utiliza como fuente de información tuits generados por boots con aseveraciones falsas”.

La organización recuerda que la declaración de Saab contrasta con la realizada en diciembre de 2020, cuando, después de una visita a la sede del organismo en La Haya aseguró que “Venezuela siempre ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional”.

También la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, descalificó el trabajo de la CPI, al declarar que el caso sobre Venezuela era una “gran farsa basada en falsedades y mentiras publicadas en redes sociales”.