Investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank con sede en Washington D.C., resumen las perspectivas a futuro tras el arresto del presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro y facilitador de las actividades ilegales del régimen chavista

El 12 de junio las autoridades de Cabo Verde arrestaron a Alex Saab, un empresario colombiano que ha sido implicado en numerosos esquemas de corrupción que involucran al régimen de Maduro. Fiscales estadounidenses procesaron a Saab en 2019 presuntamente por ayudar a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto nivel a lavar cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción.

El 19 de junio, la Iniciativa Futura de Venezuela (Future Venezuela Initiative) organizó un seminario virtual público sobre el caso Saab y, en un sentido más amplio, las redes de corrupción que sostienen al régimen de Maduro. Ese seminario puede verse aquí.

En este artículo, los autores resumen los puntos centrales discutidos en ese evento. Si Saab es extraditado a los Estados Unidos, el proceso será lento y delicado. Mientras tanto, el caso Saab puede ilustrar cuán penetrante la corrupción se ha vuelto en Venezuela mientras el país experimenta una crisis humanitaria sin precedentes. Este caso podría también mostrar las limitaciones de los procesamientos judiciales en el contexto de la política exterior.

Venezuela como un estado mafioso

Venezuela es un estado mafioso. Tanto la corrupción como el crimen organizado están diseminados por todo el gobierno y tienen un impacto mayor en las dinámicas políticas internas. El país se encuentra en el puesto 173 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional (de un total de 180 países). Dos de los confidentes más cercanos a Maduro, Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, han sido implicados en una gigantesca operación de tráfico de drogas conocida como el Cartel de los Soles. Este cartel involucra a al menos 123 funcionarios del régimen, actuales y retirados, que han tenido varios puestos en el poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas, los gobiernos municipales y los poderes legislativo y judicial.

Además del tráfico de drogas, la corrupción es desenfrenada en los contratos del gobierno y los programas sociales. Saab, por ejemplo, fue instrumental en crear los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de comida subsidiada en Venezuela que es motivado políticamente. A través de una serie de empresas fantasma, Saab y otros compraron comida de mala calidad en cantidad en países como México, Colombia y Turquía y se la vendieron al gobierno venezolano a precios inflados.Saab ha tenido un rol vital en el financiamiento ilegal del régimen chavista

Saab ha tenido un rol vital en el financiamiento ilegal del régimen chavista

“Saab fue una figura clave en el pillaje de las reservas nacionales, sacando una ganancia del sufrimiento de la gente y criminalizando y proveyendo esas redes internacionales al régimen de Maduro”, señaló Vanessa Neumann, representante Ad honorem del gobierno interino de Venezuela en el Reino Unido e Irlanda.

Saab reprodujo este esquema en otras industrias, incluyendo petróleo y oro. En 2015, la Trading Energy and Coal (Trenaco), una compañía fantasma vinculada a Saab, ganó un contrato de 4.500 millones de dólares con la estatal Petroleos de Venezuela S.A, (PDVSA). Saab también ayudó al régimen a exportar oro de orígenes dudosos a Turquía, Irán y otros países. Esas actividades han sido lucrativas para Maduro y otros funcionarios, catapultando a Saab a una posición de alto nivel, aunque reservada, en el régimen.

Estas maquinaciones son la punta del iceberg. Entre 2004 y 2014, se estima que fondos por 11.000 millones de dólares desaparecieron de PDVSA, de acuerdo a una investigación de 2016 realizada por la Asamblea Nacional. En el distrito sur de Florida, es funcionarios del régimen se declararon culpables de convertir un préstamo por 40 millones de dólares a PDVSA en una exorbitante ganancia de 600 millones de dólares a través del sistema cambiario disponible sólo a los miembros del régimen. Operaciones de corrupción similares pueden hallarse en otros sectores, como el de la construcción y el transporte. Y sin embargo esos esquemas no tienen en cuenta las ganancias que provienen del tráfico de drogas ni las sumas que fluyen desde las regiones Amazonas y Orinoco, donde el régimen facilita que grupos criminales saqueen los depósitos de minerales del país.

“Cuando sumas [las ganancias estimadas por corrupción], se trata de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al año. En 2019, el PBI de Venezuela fue de 70.000 millones de dólares. Así que estamos diciendo que el 10% del PBI de Venezuela, por lo menos, se va en la corrupción estatal”, consideró Fernando Cutz, ex director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Concejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos.

El impacto del arresto de Saab

En el corto plazo, el arresto de Saab probablemente lleve a un problema de falta de dinero en efectivo para el régimen. Después de todo, Saab ha desempeñado por mucho tiempo un rol vital en el establecimiento y mantenimiento de las redes de financiamiento ilícitas para facilitar la corrupción, y Maduro presuntamente le habría confiado su fortuna personal. Si Saab llega a estar en custodia de los Estados Unidos, habrá una oportunidad para que las autoridades de ese país reciban información detallada sobre las actividades ilícitas que sostienen al régimen. Esto ayudará a entender mejor a las redes criminales del régimen y mejorar los esfuerzos en materia de sanciones. Este arresto no es una bala de plata, sin embargo. Sin un acuerdo bilateral de extradición entre Cabo Verde y los Estados Unidos, poner a Saab bajo custodia requerirá de una diplomacia cuidadosa.El dictador venezolano Nicolás Maduro ha incluso confiado su fortuna personal a Saab (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

El dictador venezolano Nicolás Maduro ha incluso confiado su fortuna personal a Saab (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

Como se discutió en el evento, el caso Saab subraya cómo los procesamientos pueden tener resultados mixtos en el contexto de la política exterior. Por un lado, los procesamientos pueden complicar los esfuerzos por convencer a Maduro y su círculo cercano de dejar el poder, dado que las negociaciones pueden parecerle fútiles a un funcionario que se enfrenta a múltiples cargos y que, bajo las más indulgentes circunstancias, aún debería prepararse para larga sentencia en prisión. Por otro lado, estos procesamientos pueden servir a la comunidad internacional y la oposición venezolana como una palanca para restaurar la democracia en el país. Al procesar a funcionarios corruptos, Estados Unidos está también dando la señal de que la justicia prevalecerá. Tal mensaje es crucial en Venezuela, donde los líderes políticos y la sociedad civil han denunciado por mucho tiempo la corrupción desenfrenada que ha sostenido al régimen de Maduro.

“Estados Unidos es un país conocido por el Estado de Derecho, y eso nos da un poder increíble para hacer justicia en todo el mundo. Pero usar esas herramientas trae grandes riesgos si se abusa de ellas”, señaló Joshua Goodman, corresponsal de América Latina para la agencia Associated Press.

En última instancia, sin embargo, los procesamientos no deberían ser usados para impulsar objetivos de de la política exterior. Hacer eso podría poner en riesgo la inviolabilidad del sistema judicial estadounidense, que goza de legitimidad y jurisdicción extraterritorial. Saab fue procesado porque había suficiente evidencia contra él para comenzar un proceso. Esa evidencia fue acumulada durante años por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias, que trabajaron con el Departamento de Justicia para avanzar en el caso. A medida que éste continúe, esa independencia debería ser preservada.

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