El comisionado de Seguridad del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovis, se refirió al arresto del empresario colombiano. «En el radar están, dentro y fuera de Venezuela socios, testaferros y amigos de quienes hacen vida criminal con el régimen. El alcance es infinito”, manifestó


El comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela presidido por Juan Guaidó, Iván Simonovis, se refirió al arresto del empresario Alex Saab, señalado como testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. “Con la detención de Alex Saab queda claro que los organismos de inteligencia están siendo efectivos«, comenzó su mensaje a través de Twitter. «En el radar están, dentro y fuera de Venezuela socios, testaferros y amigos de quienes hacen vida criminal con el régimen. El alcance es infinito”, agregó.

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros de Maduro, fue detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario El Tiempo.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el dictador venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.El pasaporte de Alex Saab

El pasaporte de Alex Saab

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018.

En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarlo de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos.

De ascendencia libanesa, el empresario está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL), que es acusada de vender al régimen chavista alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes. Con los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el colombiano y tres hijastros de Maduro habrían acumulado “cientos de millones de dólares”, según dijo un funcionario del Gobierno estadounidense en julio del año pasado.

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro. “Esta persona es señalada por las agencias internacionales de ser un testaferro de Nicolás Maduro y encabezar un esquema de corrupción que, en Venezuela, se apoderó de recursos millonarios destinados a la compra de alimentos y mercados que llegaron a precios superiores y descompuestos”, precisó la Fiscalía colombiana la semana pasada tras decidir expropiar inmuebles del empresario.

De igual forma, el Departamento de Justicia de EEUU presentó en julio del año pasado cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso

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