El próximo 21 de junio inicia en Ginebra el 47 periodo regular de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un espacio que se ha convertido para Venezuela en una ventana para visibilizar y denunciar las atrocidades que comete el régimen de Nicolás Maduro día tras día en contra de una población que hoy es víctima de la peor crisis en las últimas décadas.

En 2019, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe basado en 558 testimonios de víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos abarcando solamente el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019 en el cual se afirmó que en el último decenio, y aún más desde 2016, el régimen ha pretendido neutralizar, reprimir y criminalizar a todo aquel que se le oponga, y además ha desmontado las instituciones, ha reducido el espacio democrático y ha ocasionado una profunda crisis que impide a los venezolanos, incluso, satisfacer derechos fundamentales como la alimentación o la salud.

El Informe Bachelet fue apenas una muestra de la sistemática violación de los derechos humanos que se afianza en el país como política de Estado; y, posterior a él, las actualizaciones orales emitidas por la Alta Comisionada, los informes exhaustivos y el reciente informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) han develado centenares de casos de torturas, uso indebido de la fuerza, uso de grupos armados civiles y militares en contra de la población, censura, persecución y amedrentamiento a defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, despojo de inmunidad parlamentaria, violencia sexual y de género, entre muchos otros. Además, haciendo hincapié en reiteradas ocasiones en que las víctimas no tienen acceso real a justicia o a la reparación, y la impunidad, bajo la mirada cómplice del Estado, resguarda a los victimarios.

Esta situación, al día de hoy, no se ha ido resolviendo ni desapareciendo, por el contrario: continúa empeorando. En el informe de 2019 la Alta Comisionada realizó 23 recomendaciones al Estado venezolano que debían ser aplicadas, y en sus informes presentados en 2020 se sumaban en total 36 recomendaciones más. A la fecha, ninguna de estas recomendaciones ha sido cumplida, por el contrario, ante cada informe y denuncia visibilizada por la Alta Comisionada los representantes del régimen manifiestan su rotundo rechazo y califican al Consejo de Derechos Humanos de desacertado, politizado o manipulado. Lo propio sucedió en septiembre con el informe de la FFM en el cual se comprobó que Maduro y su círculo cercano de funcionarios habría incurrido por acción u omisión en crímenes de lesa humanidad. Se espera que en el próximo periodo de sesiones la Alta Comisionada presente un informe exhaustivo sobre la aplicación de sus recomendaciones.

Empero, a pesar de los desmanes de Maduro, el apoyo manifestado por la comunidad internacional y por los distintos organismos, ha representado -para las víctimas, para los defensores de Derechos Humanos y para quienes hoy luchamos porque se haga justicia- una ventana de esperanza, como lo dijera el año pasado Meudy Osío de Albán, viuda del concejal Fernando Albán, asesinado por funcionarios del Estado; cuyo caso, al igual que el de Juan Pablo Pernalete, estudiante asesinado por un impacto de bomba lacrimógena a 15 metros de distancia durante las protestas de 2017, y el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, torturado hasta su muerte cuando se encontraba en custodia del Estado, fue nuevamente nombrado por Tarek William Saab en una maniobra absurda por evadir su responsabilidad que no cumple con ningún estándar nacional o internacional.

En medio de la compleja situación que vive Venezuela, todos los mecanismos que permitan visibilizar, denunciar y juzgar las violaciones de derechos humanos y a sus autores son importantes. El régimen y sus cómplices han pretendido implantar una narrativa de apertura con la Oficina del Alto Comisionado, narrativa que derrumban a su antojo cada vez que la Alta Comisionada o el Consejo narran la realidad; y de ahí que sea necesario continuar ejerciendo presión para que permitan el acceso de los funcionarios, para que se instale una oficina en el país, para que sean juzgados por los crímenes de lesa humanidad que han cometido y para que exista justicia y reparación a las víctimas.

Mientras nuestro país continúe viviendo una Emergencia Humanitaria Compleja, y el régimen continúe secuestrando los poderes políticos, encarcelando a la disidencia, reduciendo el espacio democrático, y persiguiendo a servidores públicos, periodistas, defensores de derechos humanos, el mundo no debe desestimar la causa venezolana ni darla por solucionada, sino entender su magnitud, su complejidad y ejercer presión, toda la presión posible, a los culpables de que continúe agravándose la crisis que viven millones de venezolanos.

El autor es representante ante la ONU de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela

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