El político venezolano Julio Borges, en una fotografía de archivo (Foto: EFE)

El ex diputado venezolano Julio Borges afirmó este viernes que el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, que acusa al sistema de Justicia del país de no ser independiente, agilizará “el proceso de la Corte Penal Internacional (CPI)” sobre posibles violaciones de derechos humanos.

”El nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU pone el acento en lo que hemos denunciado durante años: la cooptación del sistema de justicia venezolano por parte de (el presidente) Nicolás Maduro y su cúpula”, reza un tuit de Borges, nombrado por Juan Guaidó comisionado para las Relaciones Exteriores.

Detalló que “el informe también señala cómo se ha usado el sistema de justicia para perseguir opositores, con la fabricación de expedientes, el desarrollo de juicios amañados, la creación de órdenes de detención, y la violación flagrante al derecho a la defensa y el debido proceso”.

Los mensajes del opositor Julio Borges

Los mensajes del opositor Julio Borges

”De manera que este nuevo recurso de la Misión de Determinación de Hechos debe servir para agilizar el proceso de la CPI. Las víctimas exigen justicia, reparación y verdad, y eso no se logrará en Venezuela ante un sistema de justicia subordinado al poder de una dictadura”, concluyó.

El informe de la misión de la ONU, que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura y la emisión de órdenes de detención “retroactivas” para ocultar arrestos ilegales.

La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay “motivos razonables” para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.

Nicolas Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)

Nicolas Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)

”Jueces y juezas a todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo”, señala el documento.

Por su parte, la Fiscalía de la CPI publicó la semana pasada un informe, con fecha 15 de junio -día en que terminó su labor la entonces fiscal Fatou Bensouda- y con nota de “documento clasificado” hasta el 10 de agosto, que concluye que “hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela”.

No obstante, recuerda que será el nuevo fiscal, Karim Khan, el que tomará la decisión definitiva acerca del caso.

En el documento, Bensouda considera que, de acuerdo con la información de la que dispone, tiene “una base razonable” para creer que desde abril de 2017 “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad”.

Entre ellos, está el encarcelamiento “u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, la tortura y la “violación u otras formas de violación sexual”, así como persecución por motivos políticos.

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