Fatou Bensouda, de la Corte Penal Internacional, reveló que en los próximos meses habrá una decisión sobre las denuncias contra el dictador chavista

Nicolás Maduro es objeto de innumerables denuncias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentadas ante la Corte Penal Internacional (CPI), que en reiteradas ocasiones ha sido criticada por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional por la lentitud del proceso. Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, adelantó que en los próximos meses habrá una decisión sobre esos casos.

“Mi oficina se ha tomado el trabajo sobre Venezuela muy en serio e oficina inició un examen preliminar de la situación en febrero del 2018. No hemos estado ignorando la situación y hemos revisado una gran cantidad de información”, manifestó la abogada de Gambia, durante una entrevista con el Grupo de Diarios de América (GDA).

En esa línea, indicó quesu equipo de trabajo ha realizado avances “significativos” en la investigación “sobre si los crímenes que se alegan sucedieron en Venezuela y equivalen a crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma”.

Ante las críticas por la lentitud del proceso y la falta de una resolución, mientras el país caribeño sigue sumido en una alarmante crisis humanitaria y sufre los constantes abusos del régimen chavista, Bensouda explicó: “Son muchísimos documentos y tuvimos que hacer muchas traducciones. Y le puedo decir ahora que espero finalizar la valoración sobre este tema en los próximos meses”.Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) (REUTERS/Eva Plevier)

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) (REUTERS/Eva Plevier)

“Si nuestra valoración sobre la competencia material concluye de manera positiva entonces tomaremos el siguiente paso del examen preliminar que requiere evaluar la admisibilidad. Hemos demostrado que no nos dedicamos a la política, aplicamos la ley y la seguimos a donde nos conduzca. Y hemos sido consistentes en ese sentido”, agregó.

Consultada sobre si esa resolución tendrá lugar antes de fin de año, respondió: “No me gusta hablar de cronogramas y fechas por que a veces pasan cosas que los alteran y hacen imposible mantener promesas y eso no me gusta. Pero le digo que hemos avanzado de manera significativa, ya casi terminamos con la valoración y pasaremos de inmediato al tema de la admisibilidad. Es en los próximos meses. Eso le puedo anticipar pero no puedo darle una fecha precisa”.

En febrero de 2018, la CPI lanzó investigaciones preliminares sobre presuntos crímenes en Venezuela durante masivas protestas contra Maduro en 2017, que dejaron unos 125 muertos.

A partir de entonces, los casos y pruebas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Maduro se cuentan en decenas.

El Corte Penal también tiene entre sus investigaciones el informe elaborado por la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado en julio de 2019, por medio del cual reportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 de enero a mayo de 2019.La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó miles de ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro (Photo by Federico PARRA / AFP)

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó miles de ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro (Photo by Federico PARRA / AFP)

A fines del año pasado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a la CPI a investigar “de inmediato” la tortura a opositor a la dictadura de Maduro. El organismo internacional también denunció la injerencia de la inteligencia cubana en las fuerzas de seguridad del régimen venezolano.

Entre los métodos empleados por la dictadura, el diplomático mencionó “palizas, descargas eléctricas en genitales, asfixia, violación, y otras formas de violencia” con un “claro” objetivo ejemplarizante, “para sembrar terror”. Entre las víctimas que sufren esos abusos también se encuentran presos políticos y militares acusados de desertores.

Esas denuncias también han sido acompañadas por el Instituto Casla, además de las presentadas por la oposición venezolana y el gobierno interino de Juan Guaidó.

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