Represión en una protesta en Venezuela en 2017 (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó un duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En sus conclusiones más sobresalientes, destaca que el Estado (el régimen de Nicolás Maduro) “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.

El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos, indicó.

En su segundo informe, la misión detalló “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014”.

“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.

La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro.

“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela”, dijo Valiñas en el comunicado.

La Misión indicó que realizó “177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.

Además efectuó un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”, y de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y documentó “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.

Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.

Con la mediación de Noruega, el régimen de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis.

El informe se centra en el sistema de justicia venezolano (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

El informe se centra en el sistema de justicia venezolano (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

Resumen del informe

El informe se centra en el sistema de justicia venezolano. “Esto incluye cuestiones relacionadas con la independencia, su papel en la investigación y persecución de las opositoras y los opositores, reales y percibidos, del Gobierno, y su papel en la perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos”, indica el escrito dado a conocer este jueves.

Y aclara: “La Misión continúa examinando casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, que están ocurriendo en otros contextos en el país, e informará sobre estos durante el curso de su mandato prorrogado”.

Sus puntos más importantes:

– La capacidad del sistema de justicia para proteger los derechos humanos y prevenir los crímenes de Estado perpetrados contra sectores de la población venezolana comenzó a erosionarse con anterioridad al mandato conferido a la Misión, que comienza en 2014. Sin embargo, desde entonces, el Gobierno ha aprovechado un sistema que ya había sido puesto en marcha y ha continuado construyendo sobre la base de éste.

– La selección y disciplina de juezas, jueces y fiscales al margen de los requisitos que establece la Constitución de 1999 y las leyes posteriores, y, en particular, el nombramiento de jueces y fiscales provisionales y su destitución al margen de los procesos formales han sido especialmente perjudiciales para la independencia del sistema de justicia.

– La Misión tiene motivos razonables para creer que en los casos analizados las juezas, jueces y fiscales en lugar de haber garantizado, han denegado el goce de derechos a personas opositoras al Gobierno, reales o percibidas, por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público. Son especialmente prevalentes las irregularidades en casos presentados ante juzgados y tribunales con competencia especializada en materia de terrorismo.

– La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos.

Se acudió a la emisión de órdenes de prisión preventiva de manera rutinaria y no como una medida excepcional, sin ofrecer una justificación suficiente o adecua. En ocasiones, se ordenó la detención en instalaciones del SEBIN o de la DGCIM a pesar de que hubiera riesgo de comisión de actos de tortura, e incluso cuando los detenidos presentaran en la sala de audiencias signos compatibles con torturas.

– La Misión tiene motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias. Han fundado órdenes de aprehensión y prisión preventiva y acusaciones en hechos y pruebas que no implicaban actos delictivos o sobre la base de los cuales no se podía individualizar la participación de la persona. En algunos casos, las detenciones y los cargos fueron sustentados en pruebas manipuladas, fabricadas, u obtenidas mediante tortura o coacción.

– Los frecuentes retrasos procesales más allá de los plazos establecidos por ley han provocado, como efecto nocivo, la prolongación de la prisión preventiva y de otras medidas cautelares con efectos devastadores para la vida de las personas sospechosas, incluida su salud física y mental y la de sus familias.

– La Misión tiene motivos razonables para creer que actores del sistema de justicia también han privado a las personas detenidas de su derecho a una representación legal, negándose a autorizar la designación de una defensa privada e insistiendo en cambio en que sean representadas por una defensa pública. Se les ha negado a quienes ejercían la representación legal el acceso a documentos judiciales cruciales.

– En general, el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos. La información oficial es escasa, pero todos los indicios disponibles apuntan a que el número de procesos nacionales por delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos es bajo y se limita a los partícipes de bajo rango.

– La Misión reconoce algunos avances recientes anunciados por el Gobierno, incluidos los siguientes: el 12 de mayo de 2021 se ha ordenado trasladar a los detenidos bajo custodia de la DGCIM y el SEBIN a los centros de detención del Ministerio de Servicios Penitenciarios. El 29 de abril de 2021 el Tribunal Supremo ha adoptado un Plan de Agilización para acelerar los procesos judiciales de personas detenidas en centros policiales. El 21 de junio de 2021 se ha anunciado la formación de una comisión especial para abordar los retrasos procesales y el hacinamiento en las cárceles. Se necesita más tiempo para evaluar la implementación de las medidas anunciadas.

– La Misión tiene motivos razonables para creer que, si los actores fiscales y judiciales hubieran desempeñado de manera adecuada y completa su función constitucional podrían haber evitado la comisión de muchos de estos crímenes y violaciones o, por lo menos, podrían haber puesto trabas rigurosas para obstaculizar la capacidad de los miembros de los servicios de seguridad pública e inteligencia del Estado para cometerlos.

– La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad.

– Las conclusiones detalladas contienen 45 recomendaciones, de acción urgente, dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, a las juezas y jueces penales, al Ministerio Público, a la Fiscalía Militar, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional y al Poder Ejecutivo.

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