Al conocerse el fallecimiento del preso político Gabriel Medina Díaz, defensores de los DDHH en Venezuela se pronunciaron en contra de la falta de atención médica sufrida por el exfuncionario.

Uno de los primeros en denunciar el lamentable hecho fue Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos. «La Constitución prohibe la pena de muerte, pero los presos políticos están sometidos a una pena de muerte en cámara lenta«, manifestó en Twitter.

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, aseguró que los familiares de los presos políticos en Venezuela denuncian frecuentemente «tortura y tratos crueles». Además, solicitó el cumplimiento de la labor de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.

Cabe recordar a la misión de la Unión Interparlamentaria (UIP) se le impidió su visita a presos políticos; también denunciado por Solórzano en su cuenta de Twitter.

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Según la información de diversas fuentes, entre ellas sus abogados, Medina se encontraba en un grave estado de salud. Aparentemente sufría tuberculosis y desde hace dos meses su estado se había agravado considerablemente. Ante esta situación, sus representantes legales solicitaron su traslado a una clínica privada, sin recibir respuesta.

Gracias a la presión de sus compañeros de celda, Gabriel Medina fue trasladado al Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín donde murió de un paro respiratorio. El exfuncionario de la FAES permaneció privado de libertad y sin condena desde abril de 2020; junto a otros ocho funcionarios, fue acusado de planear un secuestro contra Diosdado Cabello.

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