Los acusan de “obtención indebida de bienes, legitimación de capitales y asociación para delinquir”. Se encuentran detenidos desde el martes, cuando agentes del régimen allanaron la sede de la organización

Un tribunal chavista ordenó este jueves la privación de la libertad de cinco trabajadores de Azul Positivo, una ONG venezolana que enfoca su trabajo en la prevención del VIH y las enfermedades de transmisión sexual y contra la que ya había avanzado en los últimos días.

En concreto, el Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, ordenó la medida luego de que la fiscalía acusara a los miembros de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos analógos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.

La medida llega dos días después de que oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaran la sede de la organización, hecho que les granjeó condenas a nivel local e internacional. Fue allí cuando los miembros fueron detenidos. Según informó el medio local Monitoreamos, serán recluidos en la sede del DGCIM en Maracaibo.

“La detención de los integrantes de Azul Positivo representa riesgos para la vida de las personas con VIH que atienden en el Zulia, deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programas”, denunció la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) a través de su cuenta en la red social de Twitter.

Además la comisión exigió que “el sistema humanitario internacional instalado en Venezuela debe hacer un pronunciamiento firme ante el cierre de espacios para la asistencia, protección y alivio del sufrimiento humanitario”.

Entretanto, la ONU condenó este jueves el ataque del régimen de Nicolás Maduro contra la libertad de prensa y la sociedad civil en Venezuela. En un comunicado, la portavoz de la oficina para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, indicó que la organización está “profundamente preocupada” por los últimos avances de la dictadura contra ambos sectores.La alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet

La alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet

Mencionó específicamente el allanamiento contra la ONG Azul Positivo, que enfoca su trabajo en la prevención del HIV y las enfermedades de transmisión sexual, y las recientes acciones contra tres medios de comunicación: VPITV, Panorama y TalCual.

Con respecto al primer hecho, recordó que tuvo lugar el 12 de enero en el estado Zulia, cuando oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional entraron a la sede de la organización no gubernamental.

“Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares”, detalla el documento. Y agrega: “Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior”.

El caso anterior referido en la declaración es el de Convite, que brinda asistencia a adultos mayores y cuya sede también fue allanada a mediados de diciembre. En ese entonces, funcionarios del régimen de Maduro se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza. Justificando su accionar con una acusación de “financiamiento del terrorismo”, procedieron también a llevarse los equipos de las instalaciones, ubicada en Los Dos Caminos, en Caracas.

Francelia Ruiz, directora de proyectos de la ONG, denunció además que en medio del procedimiento le impidieron la entrada a la sede de Convite, y realizar un inventario de los equipos que se llevaban. “Es urgente que las instancias internacionales se pronuncien ante los hostigamientos contra las ONG que realizan trabajo humanitario en Venezuela”, señaló Convite.

Al respecto, la oficina de la ONU dijo que “los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.

“Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”, agregó.

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