La justicia venezolana decretó este viernes la nulidad del juicio contra un militar por el asesinato de un joven manifestante durante las masivas protestas de 2017 contra el presidente Nicolás Maduro y ordenó un nuevo proceso, tras la absolución del uniformado.

Una corte de apelaciones de Caracas “decretó la nulidad absoluta de la decisión dictada el 26 agosto de 2021 del Tribunal 15º de Control de Caracas y mantiene la privativa de libertad contra el ciudadano Arli Méndez Terán por el homicidio de David Vallenilla y ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público”, indicó un comunicado.

Méndez, sargento de la Fuerza Aérea, fue absuelto por la muerte de Vallenilla, herido por perdigones de plomo disparados a quemarropa cuando protestaba con otros jóvenes que lanzaban piedras y cócteles molotov contra una base aérea en Caracas el 22 de junio de 2017. El momento fue captado por cámaras de televisión.

La fiscalía anunció que apelaría la absolución y que investigaría a la jueza que manejó el fallo.

El tribunal de apelaciones alegó que “la representante legal de la víctima no tuvo derecho a actuar de manera continua en el juicio oral y hacer valer sus derechos como parte querellante”.

El sargento Méndez fue detenido el 2 de noviembre de 2017, imputado por homicidio y uso indebido de armas.

Las manifestaciones de 2017 dejaron al menos 125 muertos entre abril y julio, en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos. La Corte Penal Internacional (CPI) inició un año después exámenes preliminares contra el gobierno de Venezuela por “presuntos crímenes de lesa humanidad”.

La entonces fiscal de la CPI Fatou Bensouda, denunció “inacción” de las autoridades en las investigaciones de abusos cometidos por fuerzas de seguridad, según un informe desclasificado el mes pasado, que el fiscal general, Tarek Saab, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, han rechazado.

Saab dijo esta semana que más de 150 funcionarios policiales y militares han sido condenados por violaciones a los derechos humanos desde 2017.

Un policía fue sentenciado en mayo pasado a 25 años y ocho meses de prisión por la muerte de un manifestante en 2017 en Lechería (estado Anzoátegui, este). Unos días antes fueron imputados 12 militares por el fallecimiento de otro manifestante por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho en Caracas ese mismo año.

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